Guanajuato, Gto.-La diputada Ma. Guadalupe Torres Rea presentó ante el pleno del Congreso del Estado, la propuesta de un Punto de Acuerdo para que se haga un exhorto al Instituto Nacional Electoral (INE) y al Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG) para que haga una campaña mediática que combata el clientelismo electoral y refuerce sus acciones de sanción a candidatos o gobernante que otorguen dádivas con fines electorales.
En su participación en tribuna para la presentación de la propuesta de exhorto, la legisladora perredista cuestionó la entrega de pantallas de televisión, tabletas electrónicas, tarjetas bancarias “con descuentos” y mochilas, realizada por gobiernos y partidos previamente o durante el actual proceso electoral.

Afirmó que ante la falta de liderazgos sociales y simpatía y por la lejanía con la gente, hay funcionarios, gobernantes, partidos y candidatos que fincan su trabajo en el regalo y la promesa de favor.

También denunció que amenazan a ciudadanos beneficiados con programas sociales de retirarlos, si no reciben a cambio un voto para determinado partido o candidato, o si apoyan a una opción diferente.

Señaló que ese mecanismo clientelar “le ha resultado tan exitoso a algunos partidos y gobiernos, que se han burlado de la ley y no han escuchado a la sociedad ni a voces que los cuestionan” y “han buscado recovecos para evadir su responsabilidad”.

Denunció que al gobierno federal poco le importaron las críticas y se burló del exhorto que el congreso de Guanajuato le hiciera para posponer el reparto de pantallas de televisión en Guanajuato y el resto del país.

Lo mismo hizo el gobierno estatal panista con las tabletas electrónicas y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), que a pesar de millonarias multas continuó con el reparto de tarjetas bancarias y ahora reparte mochilas.

Demandó a la delegada de la Secretaría de Desarrollo Social, Claudia Navarrete, que renuncie a su cargo si quiere apoyar al PRI.

«No más pantallas, tabletas, tarjetas o mochilas que hacen propaganda velada; no más amenazas para quienes ejercen su derecho a la participación política y eligen la opción que les convence».

«No más condicionamiento de los programas sociales; que se prevenga y se investigue, sin distingo de partidos ni de gobiernos, y que se sancione a quienes violen la veda electoral».

Que también se castigue a quienes «hagan uso con fines electorales de bienes o servicios, que deben ser destinados al combate de la pobreza», concluyó.

El documento fue turnado a Junta de Gobierno del Congreso del Estado para su análisis y trámite correspondiente.