Javier Corral, gobernador de Chihuahua, señaló como una “burla” la respuesta del gobierno de México a la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por la que ordenó retomar las tareas de seguridad pública en la entidad, las cuales se interrumpieron en 2020 por el conflicto de entrega de agua a Estados Unidos.

El mandatario difundió un oficio en el que autoridades federales aseguran que nunca suspendieron las sesiones para la “construcción de la paz en Chihuahua“. Sin embargo, según funcionarios locales, estos no reciben invitaciones a las reuniones desde septiembre del año pasado.

En el oficio, firmado por la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, se indica que las fuerzas federales sesionan todos los días en dos zonas militares que tiene la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en Chihuahua.

“Es por lo anterior, que amablemente se le convoca a acudir a la sesión de mañana 26 de febrero a la mesa de Coordinación Estatal en la quinta zona militar en la calle Roque Jacinto Morón (…) reciba las seguridades de mi atenta y distinguida consideración”, añade el escrito que difundió por Javier Corral.

En septiembre de 2020, el entonces Secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, informó a Corral, que las corporaciones federales se retirarían de la mesa, alegando supuestas filtraciones de información confidencial en materia de seguridad.

Esto se dio en contexto del conflicto entre productores agrícolas de Chihuahua y el gobierno de México, por la entrega de agua de la presa La Boquilla a los Estados Unidos, como parte del acuerdo bilateral vigente desde 1944.

Tras el anuncio, la administración del panista promovió una acción de inconstitucionalidad ante la Corte, impugnando las órdenes que se emitieron desde la SSPC.

Los ministros determinaron por cuatro votos a favor la propuesta de Chihuahua y advirtieron que la falta de coordinación pudo provocar daños irreparables en la entidad.

“Se concede la suspensión para que las autoridades federales competentes asistan a las sesiones que celebre la Mesa de Coordinación para la Construcción de Paz y Seguridad del Estado de Chihuahua, y consecuentemente, en términos del Programa Sectorial de Seguridad y Protección Ciudadana 2020-2024, adopten decisiones de manera conjunta y atendidas por el mando operativo contribuyendo al suministro, intercambio y actualización de información en materia de seguridad para la ejecución, seguimiento y evaluación de los planes, programas “, sentencia el fallo.

FUENTE: LATINUS.US

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