A nueve meses de su llegada a México, Emilio Lozoya sigue libre, la Fiscalía General de la República (FGR) no puede cerrar el caso y sólo han declarado unos cuantos políticos y ex legisladores de los 42 implicados por el ex director de Pemex.
El pasado 7 de marzo vencía el plazo para la conclusión de la investigación complementaria, pero un juez otorgó a la FGR una ampliación alegando dificultades por la pandemia del Covid-19.
Lozoya fue extraditado a México el 17 de julio del año pasado y, sin pisar la cárcel, fue llevado a un hospital privado en donde lo atendieron de los males que lo aquejaban y desde donde atendió las dos audiencias en las que fue vinculado a proceso por los delitos de lavado de dinero, cohecho y asociación delictuosa.
El ex director de Pemex, quien presuntamente recibió 10.5 millones de dólares en sobornos por parte de la empresa brasileña Odebrecht, ha permanecido en libertad bajo caución, con un dispositivo de geolocalización colocado en el tobillo y con la obligación de firmar cada mes en el juzgado.
También está acusado de haber recibido un soborno de parte del dueño de Altos Hornos de México (AHMSA), Alonso Ancira, como presunto pago por la adquisición que hizo Pemex en 2013 de la planta de Agronitrogenados, por la cual pagó 275 millones de dólares, pese a que era inoperable.
La FGR informó el 6 de enero de este año que, a la siguiente semana, judicializaría la carpeta de investigación en contra de aquellos acusados de los que tuviera elementos de prueba suficientes.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda ha investigado las cuentas de 70 políticos y sus empresas y ha presentado ya cinco denuncias.
FUENTE: REFORMA.COM
