Un estudio de WJP señala a Veracruz, Puebla y CDMX como los peores estados en justicia penal, e identifica un estancamiento en el fortalecimiento del Estado de Derecho en el país.

La posibilidad de obtener justicia en nuestro país en caso de ser víctimas de un delito se ha complicado en el último año. La debilidad de las instituciones responsables de ello sumado a las decisiones adoptadas por la pandemia sanitaria dificultaron a las personas la posibilidad de presentar una denuncia o que avance con agilidad su proceso.

Y aunado a ello se ha continuado deteriorando la posibilidad de ejercer el periodismo de forma libre y sin temor a censura o represalias.

Es como así lo advierte el informe Índice de Estado de Derecho México 2020 – 2021 elaborado por la organización no gubernamental World Justice Project  (WJP), que por tercer año consecutivo evalúa a través de distintos indicadores el funcionamiento del Estado de Derecho en México. Con esto siguiendo una metodología similar a la que se utiliza a nivel internacional para evaluar a los países desde hace más de una década.

Se trata de la primera evaluación que analiza e identifica el impacto negativo que tuvieron las restricciones adoptadas por la pandemia en distintos mecanismos que conforman el Estado de Derecho, desde el acceso a los mecanismos de justicia, hasta los límites al poder gubernamental, la ausencia de corrupción y el respeto a los derechos humanos.

“La emergencia sanitaria iniciada en el año 2020 y aún en curso, ha trastocado toda dimensión posible de nuestra vida en las esferas privada y pública, y el Estado de Derecho no ha sido la excepción. Destaca la parálisis mostrada por los servicios de justicia que, en ausencia de previsiones de Justicia Abierta y Digital se vieron forzados a suspender su funcionamiento por un largo periodo de tiempo, a pesar de que toda la actividad jurisdiccional federal y local fue catalogada como esencial” alerta el informe.

Sumado a ello, la evaluación destaca retrocesos que desde antes de la pandemia ya venían presentándose en el país, entre ellos lo que denomina un “continuo debilitamiento de la libertad de prensa y una contracción del espacio cívico”.

 

El informe revela que ni una de las 32 entidades federativas alcanza al menos la mitad del puntaje que el índice establece para medir el funcionamiento del Estado de Derecho; hay estados con mayores retrocesos en ciertos ejes. Por ejemplo, Veracruz, Puebla y Ciudad de México son las peor evaluadas en el eje de acceso a la justicia penal.

La Ciudad de México también es identificada en el informe como la peor en cuanto a ausencia de corrupción.

Estado de Derecho… estancado

De acuerdo con el informe, vivir en un Estado de Derecho significa estar en un sitio donde todas las personas e instituciones están sujetas a leyes respetuosas de los derechos humanos y que se aplican de forma equitativa, justa y eficiente. Y en caso de que existan alteraciones, que existan mecanismos eficientes y expeditos para atender el problema y reparar el daño.

En México dichas condiciones existen, pero no plenamente. Así lo concluye el estudio tras adaptar y calcular en los 32 estados del país un índice que evalúa ocho grandes temas divididos a su vez en 42 subtemas o factores. Es una metodología que se usa también internacionalmente.

“Los resultados evidencian un estancamiento en el progreso del país hacia un Estado de Derecho robusto, con cambios marginales en los puntajes generales de la mayoría de las entidades federativas desde la última edición”, destaca el informe.

Para construir esta medición, el informe estudia temas como los límites al poder gubernamental, la ausencia de corrupción, la justicia penal, el orden y la seguridad, la apertura gubernamental, los derechos fundamentales y la justicia civil.

A partir de ahí se elabora una medición que arroja un índice en una escala del 0 al 1 donde 1 significa una máxima adhesión o cumplimiento pleno de un Estado de Derecho

FUENTE: ANIMALPOLÍTICO.COM