La Cámara Minera de México (Camimex), que aglutina a las empresas minera más grandes del país, advirtió que en caso de que se apruebe la iniciativa de reforma a la Ley Minera,impulsado por el gobierno federal, las compañías del sector dejarían de invertir en los próximos años alrededor de 9 mil millones de dólares.
En videoconferencia, Jaime Gutiérrez, presidente de la Camimex, indicó que también habría afectaciones en el monto que aportan al fisco, que actualmente ronda en aproximadamente 70 mil millones de pesos anuales, aunque no aclaró qué tanto disminuiría.
El representante del sector indicó que la reforma no sólo afectará a la industria minera, sino a más de 70 sectores industriales, como el eléctrico, siderúrgico, acerero, automotriz, farmacéutico, químico, constructor, entre otros.
La reforma del presidente Andrés Manuel López Obrador, mandada al Congreso el pasado 29 de abril, plantea entre otras cosas la eliminación del carácter preferente de la actividad minera y la eliminación del derecho de las personas titulares de las concesiones a obtener la expropiación de un terreno para explotación.
Además, busca otorgar mediante concurso público las concesiones mineras, reducir su vigencia de 100 a 30 años como máximo y condicionar la explotación a la disponibilidad hídrica de las diferentes localidades, entre otras cosas.
Al respecto, el presidente de la Camimex, indicó que la ley carece de conocimientos básicos sobre cómo funciona la industria minera, pues hay puntos que son imposibles de cumplir, por ejemplo, el hecho de que se busquen dar concesiones sólo para un mineral, pues en el subsuelo estos se encuentran juntos.
“Cada año invertimos en exploración más de mil millones de dólares, pensar que eso lo puede llevar a cabo el gobierno es totalmente irrealizable. Consideramos que la reforma incluye una serie de afectaciones para la industria, que aunque estuviéramos en la disposición de llevarlas a cabo, no podríamos hacerlo”, apuntó.
Gutiérrez pidió tiempo al gobierno antes de que se apruebe la reforma, pues pretende llevar a cabo un profundo análisis y explicaciones al gobierno; no obstante, advirtió que en última instancia el sector estaría dispuesto a llegar al punto de los amparos.
-Con información de La Jornada
