En ese mismo tenor, se aprobó que desde los 25 años pueda ser gobernador de una entidad, un ciudadano mexicano por nacimiento y nativo de él, o con residencia efectiva no menor de cinco años.
Las modificaciones se dan a los artículos 55, 58, 91 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que permiten la reducción de la edad mínima para ocupar cargos públicos en el país.
Los legisladores de las diversas fracciones parlamentarias coincidieron y resaltaron que los jóvenes, que representan el 30% del estado nominal, cuentan con la madurez y la capacidad para ocupar los diversos cargos públicos en cualquier parte de las entidades de gobierno y de los órganos legislativos.
En tribuna, la diputada federal de Morena, Andrea Chávez, indicó que las propuestas que presentaron diversas legisladoras, conjugan una serie de demandas que la población juvenil ha tenido durante décadas.
Anotó que la explicación que se le da a la pertinencia histórica, social y cultural que tiene la iniciativa, se da en cuatro principios que son la igualdad, la congruencia, la no discriminación y la reciprocidad.
“¿Cómo es posible que a los 18 años se permita privar de la vida a una persona en combate? ¿Se nos cobren impuestos? ¿Tengamos obligaciones fiscales? ¿Cómo es posible que podamos constituir empresas, podamos ejercer la patria potestad, podamos consumir bebidas alcohólicas?, ¡Ah!, pero ni se les ocurra ser representantes, ni tomar decisiones”, expuso.
En las argumentaciones se señala que más de un tercio de la población nacional tiene una edad de 19 años o menos, conforme al Censo Nacional de Población y Vivienda del INEGI.
También señala que se debe superar la visión maniqueísta de considerar a los jóvenes como objetos o sujetos políticamente utilizables, simplemente como ninis, y transitar a reconocerlos en su calidad de sujetos activos en el proceso político-democrático, que ayuden a llevar y representar sus intereses y coadyuven en la función parlamentaria y de gobierno, incluso al propiciar la construcción de políticas públicas que les tomen en cuenta y su visión del mundo.
El decreto pasó al Senado de la República y entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación; y, dentro de los 180 días naturales siguientes a su entrada en vigor, el Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas, deberán ajustar sus Constituciones y la legislación, a fin de darle cumplimiento.