Al hacer la transición del mando de la SFP, Irma Eréndira Sandoval también dijo que durante su gestión se puso “punto final a la corrupción que imperaba en contratistas, en licitantes”. 

Irma Eréndira Sandoval, al dejar el mando de la Secretaría de la Función Pública, presumió que con ella en el cargo México subió “14 puntos, 14 posiciones” en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de Transparencia Internacional,  “mejorando claramente nuestras políticas de combate a la corrupción”. Sin embargo, sus dichos son engañosos. 

Una primera precisión es que en este par de años México no subió “14 puntos” en este sistema de conteo de percepción de la corrupción. En realidad solo fueron 3 puntos de mejora, al registrar el país 28 de 100 puntos posibles en 2018, y 31 en la evaluación de 2020.

Lo que es cierto en el dicho de la ahora exsecretaria es que México sí subió “14 posiciones” en su ubicación en el ranking, si se miran los números del conteo respecto al último año de Enrique Peña Nieto y luego los de la administración de López Obrador.

En el ranking de 2018 México apareció en el lugar 138, y en el de 2020 en el lugar 124entre 180 países evaluados.

Pero como señala Fernando Nieto Morales, profesor del Centro de Estudios Internacionales de El Colegio de México, enfocado en temas de administración pública, “lo que hay que ver es el cambio efectivo en el indicador, no necesariamente el ranking, el ranking puede responder a varias cosas.

La posición de México en el ranking puede mejorar simplemente por el hecho de que otros países se hayan vuelto más corruptos, no porque nosotros nos hayamos hecho menos corruptos”.

La mejora de tres puntos de 2018 a 2020 en este sistema de conteo, consideró, “es muy marginal”, no habla de una transformación profunda de las políticas en contra de este mal.

Dicha mejora, si se revisan los informes, sigue teniendo a México como “el país peor evaluado entre los integrantes de la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, al ubicarse en la posición 37 de 37 países que la integran”, tal como ocurría en 2018.

El Sabueso contactó al área de prensa de la Función Pública, para saber si Sandoval quería emitir una postura sobre esta verificación, y respondieron con el comunicado que emitió la Secretaría cuando se dio a conocer el ranking, en enero de 2021.

En él, Sandoval celebró que “México ha acumulado, en tan solo dos años de nuestro gobierno, tres puntos de mejora y ha avanzado 14 posiciones en el IPC, lo que contrasta con la caída de seis puntos y 33 lugares que lamentablemente se registró entre los años 2012 y 2018”.

En 2013, hace ocho años, México tuvo 34 puntos, incluso mejores datos que los 31 en 2020; aunque para 2016 la calificación bajó a 30 puntos, luego a 29 en 2017 y a 28 en 2018, para subir de nuevo en 2019, a 29 puntos.

Más allá de esos números, apuntó Morales, este ranking que está hecho con las percepciones de empresarias y empresarios, así como de expertos y expertas en materia de anticorrupción -según señala en su metodología Transparencia Mexicana-, por sí solo no define de forma directa que en verdad se haya dado una mejora en las políticas de combate a la corrupción, como expresó Sandoval.

Para hacer una aseveración en ese sentido, refirió, es necesario hacer una evaluación más profunda, que considere varios indicadores, no solo uno.

El académico recomendó mirar los números de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG), que realiza el INEGI.

En cuanto a percepción, la tasa de personas que cree o ha escuchado que existe corrupción en sus trámites aumentó de 61 mil 983 en 2017, a 62 mil 084 en 2019, primer año completo de gobierno de López Obrador.

La tasa de población que tuvo contacto con algún servidor público y experimentó al menos un acto de corrupción fue de 14,635 por cada 100 mil habitantes a nivel nacional, y en 2019, que es el estudio más reciente, la tasa subió a 15 mil 732. 

Donde sí hubo una baja, es en el porcentaje de personas que consideran que los actos de corrupción son frecuentes o muy frecuentes, con un -4.5%.

Sin embargo, se observó un alza de 7.5% en la tasa de víctimas de actos de corrupción al realizar trámites, entre 2017 y 2019, y un aumento de 19.2% en la tasa de actos de corrupción por cada 100 mil habitantes, al realizar trámites.

“El problema sigue ahí”, dice ante estos números el académico Morales.

Evasión a sanciones de la SFP y aumento de adjudicaciones directas

En el video que transmitió el gobierno sobre el cambio de mando en la SFP, Sandoval también dijo que con su paso por la Secretaría se puso “punto final a la corrupción que imperaba en contratistas, en licitantes”. 

Sin embargo, en un reportaje publicado en la revista Expansión, la periodista Laura Sánchez Ley refirió que al menos 12 empresas que habían sido sancionadas por la Función Pública de Sandoval a fin de cuentas siguieron ganando contratos millonarios, por medio de amparos “para poder seguir en la cancha gubernamental”.

Tras la salida de Sandoval del cargo, políticos de oposición también criticaron que durante su gestión aumentaron las compras  por adjudicación directa -pese a que el gobierno de López Obrador se había propuesto incluso prohibirlas-, lo cual aumenta el riesgo de corrupción.

En 2020, año de pandemia, el gobierno federal realizó adjudicaciones directas por más de 205 mil 195 millones de pesos, lo que representa el 43% del monto contratado en todo el año, según documentó IMCO.

En 2019, primer año del gobierno de  López Obrador, la cifra había sido del 39%, cuatro puntos más arriba que en el 2018.

 

Fuente: Animal Político

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