A principios de marzo una investigación reveló que Enerall, una empresa fundada en 2012 por Alfonso Romo, se adjudicó casi 15 mil 000 hectáreas para la explotación de agua subterránea en la Península de Yucatán —y que en esta tarea se ha llevado al traste áreas de la selva maya y han comprometido el hábitat de esta zona.
El pasado 2 de diciembre Romo, excoordinador de la Oficina de Presidencia, dejó su cargo anunciando que dejaría la función pública para regresar a sus negocios y se va sin que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) ni la Secretaría de la Función Pública (SFP) investigaran los daños medioambientales de su empresa, tal como lo ordenó el presidente Andrés Manuel López Obrador.
De acuerdo con documentos obtenidos vía Ley de Transparencia y consultados por Proceso, ni la Semarnat ni la SFP le hicieron caso al presidente para echarle un ojo al asunto, además de que omitieron actuar de acuerdo a sus facultades en un caso así.
La orden presidencial contra Romo
El pasado 3 de marzo, un día después de que se publicara la investigación “Alfonso Romo, un cacique del agua en el paraíso maya“, elaborada por CONNECTAS, Aristegui Noticias, Ruido en la Red, Univisión, Vice en Español y el International Center for Journalist (ICGJ), el presidente López Obrador dijo en una conferencia mañanera que se tenía que investigar.
Ante la pregunta expresa sobre lo que tenía que suceder, el mandatario confirmó que la Semarnat tenía que investigar ya que en su gobierno no hay impunidad.
“Se va a hacer la investigación, no hay en el gobierno nuestro, impunidad. No es como en los gobiernos anteriores, nosotros no damos permisos para extraer agua y afectar mantos acuíferos […] Y sí, vamos a pedirle a la Secretaría del Medio Ambiente que haga la investigación y también a la Secretaría de la Función Pública“, explicó.
Proceso solicitó los números de expediente y copias con las que se debió abrir la investigación ordenada por el presidente y que corresponde a sus facultades, sin embargo la SPP contestó que como eran daños ambientales no le correspondía y la Semarnat dijo que no había localizado ningún documento en ninguna de sus direcciones.
Esto a pesar que la propia Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) encontró daños en flora, fauna y cuerpos de agua, esto debido a que la empresa tapó un cenote de 5 mil 500 metros cuadrados, así como el aprovechamiento de concesiones de agua.
Para acabarla de amolar, tampoco hay evidencia de Enerall, empresa en la que ahora el hermano de Alfonso Romo es socio mayoritario, pagara la multa de más de 741 mil pesos por tapar un cenote.
¿Puede regresa a su empresa?
No de acuerdo con la Ley de Austeridad Republicana.
Resulta que en el artículo 24, esta ley especifica que los funcionarios con rango superior no pueden ocupar puestos en empresas que hayan supervisado, regulado o respecto de las cuales hayan tenido información privilegiada en el ejercicio de su cargo público, a menos que ya hayan pasado 10 años.
Su cargo como coordinador de la Oficina de Presidencia es de rango superior.