La alcaldesa morenista Astrid Ortega Vázquez desató polémica en redes sociales luego de publicar un mensaje en Facebook en el que arremetió contra sus críticos con la expresión: “les arde el rabo”.
El comentario surgió después de que ciudadanos y opositores señalaran que Ortega se ostentaba como Licenciada, a pesar de que en su currículum oficial incluyó ese grado académico sin haberlo concluido. La difusión del documento exhibió que la edil mintió sobre su formación profesional.
Lejos de ofrecer una aclaración o rectificación, la presidenta municipal optó por lanzar una respuesta ofensiva en redes sociales, lo que generó reacciones de indignación y cuestionamientos sobre la ética con la que ejerce el cargo.
El caso ha reavivado el debate sobre la transparencia y la rendición de cuentas de los servidores públicos, en especial en lo referente a la veracidad de la información que presentan en sus trayectorias profesionales.
Hasta el momento, la alcaldesa no ha emitido una postura oficial más allá de la publicación en Facebook.
La situación se suma a una serie de críticas hacia la administración de Ortega, donde los regidores de su mismo partido han denunciado públicamente violencia política en razón de género al trata de coartar su libertad de opinión dentro y fuera de la administración municipal. Recordemos que la regidora Juana García Martínez, denunció a la alcaldesa del municipio, Astrid Ortega Vázquez, por violencia política en razón de género.
En conferencia de prensa, Juana García relató que ha sido presionada para votar a favor de dictámenes del cabildo y que ha sufrido acoso por discrepar en varias ocasiones.
Según mencionó, uno de los últimos incidentes ocurrió el 21 de agosto, cuando personal de comunicación social del municipio ingresó a su oficina particular para grabarla sin su consentimiento mientras sostenía una reunión privada. A pesar de pedirles que se retiraran, permanecieron ahí durante 30 minutos.
Líderes de oposición y colectivos ciudadanos han anunciado que exigirán una revisión exhaustiva de los documentos oficiales presentados por la edil, así como posibles sanciones legales por falsedad en su currículum, al considerar que un servidor público debe conducirse con absoluta honestidad.
